- Involucrados funcionarios del gobierno de Alfredo Del Mazo en la desaparición del expediente “Casa Blanca” que contiene evidencias de posible corrupción del ex presidente , Enrique Peña Nieto.
El “sabotaje” al expediente del caso “Casa Blanca”, en donde se documentan posibles actos de corrupción del ex presidente , Enrique Peña Nieto , dinamitó también a la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, tras conocerse anoche los nombres de los implicados en la sustracción de dicho documento.
Se trata de ex funcionarios federales que se refugian actualmente en la mencionada dependencia mexiquense protegidos por Javier Vargas Zempoaltecatl .
Los nombres son :
1.- José Gabriel Carreño Camacho , y
2.- José Antonio Suárez Hernandez.
De acuerdo con la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a cargo de Eréndira Sandoval , ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se desprende que el primero fungía como Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP.
El segundo , operaba como Director General de Denuncias e Investigaciones también de la SFP a cargo en esos momentos de Virgilio Andrade.
Al instalarse el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al ser nombrada Eréndira Sandoval como nueva Secretaria de la Función Pública , unos días antes de la entrega recepción de la dependencia trascendió la sustracción del expediente del caso “Casa Blanca” a fin de ser sustituido por una copia del documento público y desaparecer el original .
Por lo que de inmediato se inició una investigación al respecto que ha permitido vincular a proceso penal a los ya enumerados José Gabriel Carreño Camacho y José Antonio Suárez Hernández, funcionarios actualmente en el gobierno de Alfredo Del Mazo Maza.
Carreño Camacho funge en estos momentos como Subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloria del Gobierno del Estado de México (SECOGEM), mientras que José Antonio Suárez Hernández, es actual titular del Órgano Interno de Control de la SECOGEM.
Mediante un comunicado de prensa , la Secretaría de la Función Pública (SFP) , ofrece los siguientes pormenores al respecto :
Como resultado de la denuncia penal presentada por la Secretaría de la Función Pública, un juez de control vinculó a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en la sustracción del expediente del caso conocido como la “Casa Blanca” de los archivos de esta dependencia.
En 2019, la secretaria Sandoval Ballesteros instruyó que se presentara la denuncia penal por la sustracción del expediente sobre el posible conflicto de interés del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con Grupo Higa.
Esta denuncia se originó en una investigación iniciada en el Órgano Interno de Control, después de que ex funcionarios señalaran que antes de la entrega de la Secretaría de la Función Pública a la nueva administración se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.
Tras una minuciosa indagatoria, en la que se hizo evidente que el expediente de la llamada “Casa Blanca” no fue archivado de conformidad con la ley en la materia y las normas internas de esta Secretaría, la Función Pública presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público por tres personas que ocuparon los cargos de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de Director General de Denuncias e Investigaciones y de Director General Adjunto de Investigaciones, a finales de la anterior administración.
Cargos que de acuerdo a una indagación de #Análisis en newsedomex.com recaen en los hoy funcionarios mexiquenses mencionados líneas arriba en activo en estos momentos en el gobierno de Alfredo Del Mazo Maza.
Tras concluir la audiencia – continua el comunicado – ante el juez de control, la secretaria Sandoval Ballesteros informó que “esta noticia es un paso más para erradicar la impunidad, a través del cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales de garantizar una administración honesta, legal y ética”.
En adelante, la Función Pública seguirá coadyuvando, como parte ofendida, en este asunto que continúa en etapa de investigación complementaria.
Confiamos en que el trabajo de la Fiscalía en coordinación con esta Dependencia permitirá esclarecer la desaparición de este expediente de investigación, así como sancionar a quien haya sido responsable.
La Función Pública está comprometida con fortalecer, en el ámbito de sus atribuciones, los mecanismos de coordinación con las autoridades ministeriales para asegurar que cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones y, de esta manera, sumar esfuerzos para erradicar la impunidad.
(Foto tomada de Internet)
uaemex
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