ANÁLISIS

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  • Alarma y preocupación por los endebles sistemas de Seguridad Nacional.
  • Vulnerados o desmantelados tras el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018.

Delicada la situación desde el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, fecha en que al parecer se desmantelaron los sistemas de seguridad nacional y se adelgazó la rigurosidad para nombrar a titulares de los otros mecanismos similares dentro del Ejército y La Marina, al grado que los militares fueron hackeados durante el periodo obradorista lo que dejó al descubierto miles de documentos de carácter secreto mediante la operación “Guacamaya Likes”.

   Hoy en día el Gobierno de Claudia Sheinbaum no fue capaz de detectar que espías de la Central de Inteligencia estadounidense (CIA) ingresaran al país y tampoco observó que el hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, tenía nexos con los cárteles de la droga, esencialmente con el de Sinaloa, amén que MORENA, el partido que la llevó a Palacio Nacional, supuestamente se haya coludido con la delincuencia organizada desde antes de que la hoy mandataria fuera postulada a suceder al propio Andrés Manuel López Obrador, lo que ha dejado la puerta abierta para que millones de mexicanas y mexicanos estén inmersos en las suspicacias de que la mandataria pudiera tener algo que ver con los presuntos acercamientos de su organismo político con los grupos criminales .

   Independientemente de esto último, el detalle aquí estriba en que millones de ciudadanas y ciudadanos de este país no estén blindados por un sistema de seguridad nacional eficaz que incluya a los aparatos de la milicia en ese mismo sentido como ocurrió en años previos a que López Obrador ocupara la silla presidencial.

   Y uno de los costos de esta desidia del régimen morenista de siete años, por decirlo así, es que la administración Sheinbaum no logró seguirle los pasos a dos de los ex funcionarios públicos imputados por el gobierno de Estados Unidos por estar coludidos, presuntamente, con actos relacionados con el narcotráfico y dejó que se entregaran con la intención de cooperar allende la frontera del norte, justo lo que trataba de evitar la Presidenta.

    Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad y Enrique Díaz Vega, ex titular de Finanzas del Gobierno, ambos , de Sinaloa, durante el periodo de Rubén Rocha Moya, ha trascendido, hablarán a manera de testigos, independientemente en la modalidad que sea, ante la justicia norteamericana.

   Posiblemente se interprete este contenido en el sentido de estar a favor de los llamados presuntos “narco políticos” de Sinaloa, pero no es así, lo que preocupa y alarma son los endebles sistemas de seguridad nacional que habrían sido vulnerados y desmantelados por irresponsabilidad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues de estar funcionando los mismos, Claudia Sheinbaum, se habría evitado el discurso de exigir pruebas a Washington para actuar en contra de los diez funcionarios públicos sinaloenses señalados de “narco terrorismo”.

(Fotos : tomadas de Internet )

uaemex

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