- Delfina Gómez y Cristóbal Castañeda, lo que sabe el Teniente Coronel.
- La Gobernadora mexiquense requiere con urgencia un gabinete de “control de crisis” política.
SÍNTESIS POLÍTICA
- José Luis Cervantes Martínez, extravía la brújula.
Corrió la versión en redes sociales el fin de semana sobre la supuesta búsqueda por parte de la DEA de Rafael Marín Mollinedo, ex titular de aduanas y hombre cercano al ex Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador .
Sin embargo, la agencia estadounidense no lo desmintió ni lo aceptó no obstante que tampoco habría sido boletinado como circuló la especie.
Pero independientemente de esta falsa versión, se sabe, por fuentes estadounidenses y mexicanas que el susodicho ex funcionario federal con pretensiones de participar en la política sucesoria del Estado de Yucatán, sí podría formar parte, su nombre, de las indagatorias por huachicol fiscal iniciadas en el país del norte y en México, junto con otros de sus correligionarios partidistas, incluido Ricardo Peralta, ex funcionario también del ramo, que de resultar verídica esta difusión, desgranará consecuencias diversas mismas que se traducirían en nombres y apellidos de más implicados que osaron por el sector aduanas a escala nacional para operar maniobras de tipo político-partidista cuyos finiquitos a su paso por el sector se les están complicando.
Tampoco queda anulada la posibilidad de que en breve se den a conocer a los investigados por el Gobierno de Donald Trump en relación al traslado de combustible ilícito desde la Unión Americana a México – huachicol fiscal – con apoyo de grupos de delincuentes que Estados Unidos los ubica como terroristas .
No estaría mal entonces que enlazada o anclada con todo esto la administración de Delfina Gómez Álvarez emprendiera una especie de política de “control de crisis”; es decir, adelantarse a lo que podría venir en las vísperas del arranque de su segunda y última etapa de su sexenio en función de la estancia de “La Nueva Familia Michoacana” en tierras mexiquenses amén de otras organizaciones delictivas que pululan de igual manera a diario en la entidad .
“La Familia Michoacana” obedece a la categoría de “Organización Terrorista Extranjera” que permite al Gobierno de Estados Unidos actuar en consecuencia y exigir a las autoridades mexicanas formalmente establecidas representadas en servidores públicos federales, estatales, municipales y regionales, se dejen requerir por la Unión Americana en el marco del combate a la “narco política” iniciado por el Gobierno de Washington.
Para eso y más debe estar preparada Delfina Gómez Álvarez, de allí la sugerencia de que tiene que conformar un gabinete exprofeso de control de crisis independientemente de que se tarara de un asunto de carácter federal si el Gobierno de Donald Trump intentara resolver la actividad delictiva de los que el Presidente norteamericano identifica como terroristas, de los cuales el Republicano ha dicho que conoce bien a bien sus direcciones, incluso hasta el color de las puertas de las casas donde viven en México y, obvio, en el Estado de México también.
Por cierto no estaría mal -como valor agregado a todo esto- que el titular de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, le platicara, incluso, en corto, a la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, si tuvo alguna relación o tratos durante su paso por Sinaloa con Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública, con Rubén Rocha Moya .
De igual manera con Marco Antonio Almanza, ex Comisario General de la Policía de Investigación de Sinaloa durante el periodo del hoy ex gobernador con licencia acusado por el Gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.
O también con Alberto Jorge Contreras Núñez quien relevó a Almanza, incluso si conoció a la vez a José Antonio Dionisio Hipólito, subdirector de la Policía Estatal entre 2017 y 2022 en aquella entidad fronteriza del norte del país .
O si bien pudo haber tenido diálogo con Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, quien fue comandante de la Policía Municipal de Culiacán de 2018 a 2024.
Y es que todos los mencionados son requeridos en estos momentos por el Gobierno a cargo de Donald Trump por haber servido a los llamados “Chapitos” hijos de Joaquín Guzmán Loera quien les habría heredado una facción del cártel de Sinaloa .
Esta organización criminal le pagaba a Mérida Sánchez, alrededor de 100 mil dólares mensuales y a Antonio Almazán 300 mil pesos al mes, según las indagatorias de Estados Unidos.
Delfina Gómez Álvarez debe conocer el historial de todas y todos sus colaboradores especialmente en situaciones de tipo diplomático por venir entre México y Estados Unidos enlazadas a la “narco política”.
SÍNTESIS POLÍTICA
El que al parecer perdió la brújula en tan solo cuatro años de investigar y perseguir los delitos en el Estado de México es José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia, pues pasó de que pudiera ser el “hombre fuerte” en el sexenio de Delfina Gómez Álvarez, por la prioridad de su responsabilidad, a un funcionario autónomo más y, muestra de ello, es la forma en que recientemente presentó su cuarto informe de labores, como si tratara pasar desapercibido y no precisamente como de bajo perfil conociendo a Cervantes Martínez como un operador metódico, calculador y preciso, virtudes que habrían sido fulminadas quizá porque no ha podido contra la corrupción al interior de la institución que preside o porque alguien desde Palacio de Gobierno estatal lo acota y alguien en Palacio Nacional no lo sabe.
Cuidado.
( Foto: tomada de Internet )
uaemex
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