ANÁLISIS

  • Fernando Díaz Juárez, costes en el Poder Judicial del Estado de México .
  • Ricardo Sodi Cuéllar, el daño injusto que no debió ser .
  • Andy, sin visa; huachicol fiscal, una de las causas .
  • Prisión preventiva a Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” servidores públicos mexiquenses, vinculado, el primero, con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acusados de extorsión y abuso de autoridad respectivamente.

Si bien tiene a su cargo la conducción de la carrera judicial y administrativa: desde la determinación de competencias y especialización de tribunales, juzgados y salas, hasta la evaluación, ingreso, formación y permanencia del personal, Fernando Díaz Juárez, titular del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado de México, no está exento de los “desajustes”, errores y desaciertos que imperan en dicho poder desde antes y después de la primera parte de la reforma obradorista.

   Ha sabido camuflar su actuación, habilidad, esta última, que sin embargo al parecer lo mantiene sumiso a lo que dice, hace y ordena la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, Horacio Duarte Olivares, se muestra cuasi “jefe” de los que hoy integran el Poder Judicial del Estado de México.

    Y es que desde la Secretaría General de Gobierno también se sabe lo que instrumentó Ricardo Sodi Cuéllar y que en su momento avaló Fernando Díaz Juárez en su afán de verse como presidente interino provisional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) para encabezar la etapa de transición y la implementación de la reforma judicial local referida como obradorista.

   Fernando Díaz Juárez hace bien en no descuidarse en virtud de que el halo de Sodi Cuéllar no está alejado del espíritu del Poder Judicial del Estado de México y tampoco Horacio Duarte Olivares distante está de esa sede junto con su séquito que a partir de ya se apoderarán por completo del aludido poder.

    Y si bien al frente del Órgano de Administración Judicial estará hasta el 2027, eso no implica que esté libre de cubrir algunos costes o costos.

   Y el Magistrado de marras sabe bien a bien cuáles son .

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   Cabe comentar aquí que Ricardo Sodi Cuéllar hoy tuviera una consolidación de alta gama como especialista y conocedor del derecho, excelente catedrático, mejor especialista en derecho militar, hubiera logrado sin problema ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero jamás descifró a su deficiente área de Comunicación Social durante su paso por el Poder Judicial del Estado de México, que no quiso trastocar cuando debió hacerlo, le arruinó a su carrera estadíos inimaginables cuyas consecuencias negativas las ha de experimentar hasta hoy Sodi Cuéllar .

   Amarga experiencia en dicha área que no deben padecer Magistrados de hoy.

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Se afirmó aquí, esta semana, en el Análisis intitulado “Delfina, durmiendo con los enemigos” que está en puerta el finiquito  fatal del caso huachicol fiscal animado desde Estados Unidos y, anoche, se observó un adelanto contundente al respecto cuando el mismo Andy, Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, reconoció mediante redes sociales que el gobierno norteamericano le retiró la visa de ingreso a aquel país, lo que le obligó a enviar una carta a Donald Trump acusando a Mario Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, de ser el responsable de dicha decisión diplomática que ya se venía venir dede hace algunos meses tras investigaciones al respecto del Departamento del Tesoro del gobierno allende la frontera del norte, petición epistolar que hace pensar que Andy está fuera de si en virtud de que trata, en la redacción de la carta, al Presidente de los Estados Unidos, como un igual , por lo que posiblemente Donald Trump jamás conocerá de manera directa tal misiva y continuará respaldando a su gobierno en las indagatorias al respecto, con efectos colaterales a otros involucrados.

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Ayer también se reveló aquí que una Jueza dictó medida cautelar de prisión preventiva a Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” servidores públicos mexiquenses vinculado, el primero, con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acusados de extorsión y abuso de autoridad respectivamente. Su situación jurídica se resolverá el sábado próximo. Ambos son investigados por la FGJEM que preside José Luis Cervantes Martínez tras su probable intervención en un complejo entramado delictivo en agravio de propietarios de Centros de Verificación Vehicular del Estado de México. Son asistidos por siete abogados particulares por verse involucrados prácticamente en cobros de piso millonarios .

( Fotos: tomadas de Internet )